Le recuerdan a la presidente que la región Puno es integrada por diferentes pueblos indígenas (quechuas, aymaras y uros). Según el último censo se tienen 1352 comunidades.
Por: Jaime Calapuja
Hace dos meses se agravaron los conflictos en Puno y en lo que va del año tenemos 28 fallecidos en la región. Para apaciguar las protestas, desde el gobierno dispusieron estados de emergencia con presencia de militares. Por su parte, estudiosos de derechos humanos sugieren al gobierno central y Congreso plantear propuestas respetando los usos y costumbres de pobladores quechuas, aymaras y uros de Puno.
El gobierno, en vez de intervenir con una perspectiva intercultural para dialogar con los manifestantes ha militarizado Puno; por ejemplo, se promulgó el decreto supremo 018-2023-PCM, que ha prolongado Estado de Emergencia con participación de militares.
“Producto de ello (el decreto supremo) tenemos tropas, personal del Ejército movilizándose en toda la región. Se tiene que entender que el Ejército está preparado para la guerra, no para repeler las protestas o mantener el orden interno, por eso su accionar es diferente”, manifestó Miriham Escalante, coordinadora del SER en la región de Puno. Agregó que, mientras sigue militarizada la región de Puno, probablemente habrá más derramamiento de sangre.
Le recuerda al gobierno que se debe intervenir con una perspectiva intercultural y se ponga en práctica el derecho consuetudinario. Le recuerda a la presidente que la región de Puno es integrada por diferentes pueblos indígenas (quechuas, aymaras y uros). Según el Ministerio de Cultura, en el último censo, el 90.5% de la población se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo originario.
Además, la región Puno, es la primera con mayor cantidad de comunidades campesinas. Según el último censo se tienen 1352 comunidades. Por ende, concluye que en Puno no hay que imponer acciones, sino se debe entender cómo funcionan las lógicas de convivencia. “En función a ello hay que hablar con las personas”, dijo.
“La simple presencia del Ejército está causando la reacción en la población. Por supuesto, de acuerdo a la cultura no van a permitir que maltraten y repriman a sus hermanos (paisanos) que están en Lima, como ha ocurrido con una compañera (que cargado a su hijo, recibió el impacto de una bomba lacrimógena)«. Por ello refiere que Juli (capital de la provincia de Chucuito) nuevamente salieron en protesta en acto de solidaridad.
“Los pobladores (de Chucuito) son pueblos originarios que mantienen lazos de solidaridad, espiritualidad y reciprocidad. Entonces la mirada del gobierno debe tomar decisiones desde la perspectiva intercultural. Por eso, nosotros rechazamos las estigmatizaciones que dicen radicales, vándalos cuando no los conocen. Es un problema histórico”, dijo Miriham Escalante.
Sin embargo, se refirió al derecho a la protesta, invocó el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla de la libertad a la reunión a la protesta. Cuestionó los actos de violencia, que causan daño a las personas, a la propiedad pública y privada. Peor aún si se bloquean vías que obstruyen el recorrido de las ambulancias, “porque se pone en riesgo la salud a las personas, que necesitan llegar a su destino. Se vulnera la salud y la vida”, por ende, sugirió que es necesario dialogar.
Finalizó diciendo “la violencia genera más violencia. Los actos represivos del gobierno van a seguir generando más violencia”.
