Abogado del IDL alerta sobre el impacto de la norma que restringe el financiamiento internacional y sanciona a organizaciones que litigan contra el Estado, dejando en vulnerabilidad a miles de víctimas y comunidades.
En una entrevista a Radio Onda Azul, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, expresó su preocupación frente a los alcances de la reciente modificación legislativa que regula la actuación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden los derechos humanos en el país.
Según explicó, la denominada “Ley APCI”, recientemente aprobada por el Congreso, pone en riesgo la defensa legal gratuita que brindan diversas ONG a personas víctimas de abusos cometidos por el Estado, tanto en contextos de protestas sociales, torturas, desapariciones forzadas o casos relacionados con el conflicto armado interno.
En este contexto, denunció que la norma busca restringir el financiamiento de la cooperación internacional para estas organizaciones, y plantea incluso la posibilidad de sanciones económicas de hasta dos millones de soles o la cancelación definitiva del registro de aquellas ONG que litigan contra el Estado en procesos penales, civiles o administrativos.
“Se está promoviendo una ley que protege a los altos funcionarios, incluyendo a la presidenta, ministros, congresistas y mandos policiales, en perjuicio de las víctimas”, afirmó. Además, señaló que muchas comunidades campesinas, nativas e indígenas, especialmente en zonas alejadas del país, quedarían completamente desprotegidas al no poder afrontar económicamente un proceso legal sin el apoyo de estas entidades.
El abogado también recordó que gracias a las ONG se han llevado numerosos casos ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente cuando el Estado ha incurrido en violaciones graves. “Lo que busca esta ley es silenciar estas denuncias, dejar impunes los crímenes cometidos por el Estado y debilitar la libertad de expresión y asociación”, declaró.
Alertó además sobre las consecuencias que esta legislación tendría sobre el funcionamiento de programas sociales financiados con cooperación internacional, los cuales podrían verse afectados directamente por estas restricciones, impactando negativamente en la educación, salud y alimentación de miles de peruanos.
