El 80% de mineros inscritos están suspendidos y el Estado no logra frenar la expansión del crimen organizado
La economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), Estefany Mayta, advirtió que el Estado peruano no está tomando medidas eficaces para enfrentar el crecimiento descontrolado de la minería ilegal en el país, que afecta no solo al orden público, sino también al medio ambiente y la economía de regiones como Puno.
“La respuesta concreta es que no se están tomando acciones eficientes contra la minería ilegal. El problema se ha expandido más allá de zonas históricas como Madre de Dios y ahora afecta seriamente a regiones como Puno, donde algunas zonas están prácticamente tomadas por el crimen organizado”, indicó.
Explicó que uno de los principales cuestionamientos recae sobre el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado originalmente para facilitar la transición de los mineros artesanales hacia la legalidad. Sin embargo, esta herramienta ha sido utilizada como ‘escudo’ por parte de operadores ilegales. “Más del 70 % de los inscritos están suspendidos. En Puno, esa cifra llega al 80 %; no hay intención real de formalizarse; el REINFO solo les da cobertura para seguir extrayendo oro ilegalmente”, detalló.
Asimismo, se refirió a la presencia de mafias vinculadas al crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico, que han encontrado en la minería ilegal un lucrativo espacio de operación. “La falta de presencia del Estado en provincias como Sandia, donde ni la Policía ni los militares pueden ingresar, agrava aún más la situación”, refirió.
