Autor: Jaime Calapuja
El 7 de diciembre no era la primera vez que el Congreso intentó vacar al ex presidente Pedro Castillo. Ya ocurrieron dos oportunidades anteriores, sin éxito.
Noviembre del 2021. Habían pasado solo cuatro meses desde su posesión como presidente de Perú cuando el Congreso peruano presentó la moción de vacancia para destituir al recién elegido mandatario. ¿La razón? Incapacidad moral. Se le acusaba de un supuesto financiamiento ilícito y “tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas”.
Tras una votación en el Congreso peruano, en diciembre de 2021 la moción de vacancia contra Castillo no pasó a debate: tuvo 46 votos a favor, 76 en contra y 4 abstenciones. El entonces presidente Castillo cuestionó a los congresistas y les dijo que se pongan a trabajar.
El segundo intento de vacancia ocurrió en marzo de 2022, esta vez con 50 congresistas promoviendo un nuevo intento de juicio político contra Castillo por la “permanente incapacidad moral” y de mentir reiteradamente. Castillo era acusado de incurrir en los delitos de fraude procesal y falsedad genérica, y que cambió su versión ante la fiscalía.
En esta ocasión tampoco prosperó la moción de vacancia contra el mandatario, pues hubo 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones.
En el tercer intento, el 1 de diciembre de 2022, el Congreso votó a favor de llevar a trámite una nueva moción por «incapacidad moral». Esta vez el número de congresistas que apoyaron esta iniciativa de trámite fue de 73 a favor 32 en contra y 6 abstenciones, y se aprobó invitar a Castillo a ejercer su defensa este 7 de diciembre, luego es historia ya conocida.
Luego de estar más de un año en el poder, el gobierno de Pedro Castillo parece caracterizarse por las constantes acusaciones en su contra. En total, se estima que el presidente estaría involucrado en la presunta comisión de 44 delitos.
Según indicios, el 11 de octubre, la fiscal de la Nación Patricia Benavides acusó al mandatario de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Se le acusa porque estaría involucrado en el favorecimiento de licitaciones a empresas chinas para diversas obras. De liderar una organización criminal. Se dice que Pedro Castillo, junto con otro grupo de personas involucradas entre estos ex ministros y asesores conforman una organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo. A este delito se le relaciona con el de colusión, por ejemplo, en la licitación de Puente Tarata se le dio beneficios a una empresa para que ganara el concurso.
En respuesta Anibal Torres, ex premier, dijo que no hay elementos suficientes para plantear una acusación fiscal, ya que el fundamento de la fiscal de la Nación solo se basa en presunciones. Y lamentó que en la justicia sigan operando los cuellos blancos y magistrados comprometidos con el narcotráfico.
