La ex primera ministra cumple su tercer día sin alimentos ni agua y denuncia amenazas, agresiones y falta de garantías dentro del penal. El INPE evalúa su traslado
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha lanzado una alerta crítica sobre el estado de salud de Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros, quien mantiene una huelga de hambre seca desde hace tres días dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Según un informe médico oficial, la medida pone en peligro su vida, advirtiendo sobre un inminente riesgo de falla renal y otras complicaciones graves.
El documento fue difundido por su abogado, Raúl Noblecilla, quien informó que Chávez se niega a ingerir alimentos y agua como protesta por la falta de protección ante amenazas y presuntas agresiones por parte de otras internas. La exfuncionaria acusa al INPE de no haber garantizado su seguridad, pese a haber solicitado la reubicación de tres internas que, según afirma, representan un riesgo para su integridad.
En una carta manuscrita, Chávez denuncia que estas internas estarían vinculadas a redes relacionadas con Sendero Luminoso, lo cual fue según ella denunciado sin que se tomen acciones concretas. Afirma además haber sido acorralada el pasado 15 de agosto, lo que la obligó a mudarse al primer piso del penal por temor a nuevos ataques.
“Me tuvieron al filo de las escaleras del segundo piso y, ante amenazas, tuve que bajar al primer piso porque ya no era segura mi estadía”, expresó.
Además, cuestionó que las autoridades responsables de investigar las denuncias internas sean las mismas a quienes acusa de omisión y encubrimiento. Entre ellas, menciona a la jefa de seguridad del penal, Elvia Córdoba Mondragón, la directora del centro y al Órgano Técnico de Tratamiento (OTT). Por ello, solicita que el caso sea asumido por la Oficina de Control Interno del INPE.
Chávez también advirtió que después de las 6:00 p. m. no tiene posibilidad de comunicarse con el Ministerio Público o la Policía Nacional, lo que agrava su sensación de indefensión ante emergencias.
“Cuando ya se pone en riesgo mi vida, no sé cómo acudir a las autoridades, porque después de las 6:00 p. m. no se pueden usar los teléfonos”, declaró.
Por su parte, el jefe del INPE, Iván Paredes, confirmó que ha recibido solicitudes incluso de congresistas para evaluar su posible traslado a otro penal, pero aclaró que la decisión no depende únicamente de su despacho y aún se encuentra en evaluación.
Chávez cumple prisión preventiva por su presunta implicación en los hechos del 7 de diciembre de 2022. Mientras continúa con su medida de protesta, el INPE mantiene su monitoreo médico constante, advirtiendo que las próximas horas serán cruciales para su salud y supervivencia.
