David Velázquez destaca medidas de seguridad y explica los retos en la recolección de datos durante el Censo 2025
David Velázquez, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en la región de Puno, informó sobre las renuncias del personal encargado del censo domiciliario. Estas renuncias se deben principalmente a mordeduras de perros y a la negativa de algunos ciudadanos en brindar la información requerida.
Detalló que hay resistencia por parte de la población a brindar información al personal que realiza el censo. Debido a ello, el jefe del INEI resaltó que los datos se ingresan directamente en tabletas y se suben a la nube, sin posibilidad de modificarse posteriormente. Además, aclaró que el censo es llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, no por el gobierno de turno, ya que algunas personas creen erróneamente que el gobierno tendrá acceso a esa información.
Asimismo, enfatizó que se tenía previsto un total de 1,924 censistas que debieron iniciar las labores en la región de Puno, pero solo comenzaron 1,750, distribuidos en 17 sub sedes censales. Sin embargo, en los primeros días se reportaron renuncias, con un promedio de 6 por sub sede, lo que implicaría que más de 100 censadores renunciaron al inicio del proceso.
Agregó que se tiene garantizado el bienestar del personal que realiza el Censo 2025 mediante diversas medidas de seguridad, como es el GPS de sección y también el uso de un botón de pánico en caso de amenazas, el monitoreo constante por parte de los jefes de sub sedes y una comunicación fluida con los censadores. Además, se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y del área de seguridad ciudadana de cada municipalidad.
Finalmente, pidió a la población mayor empatía con los jóvenes que recorren las zonas urbanas de Puno, ya que la información que recolectan es clave para las políticas regionales y locales. Además, se anunció que en septiembre se realizará el censo en las comunidades campesinas, para lo cual se realizará una convocatoria de personal a mediados de agosto, donde se exigirá que los censadores hablen el idioma local.
