Con cuatro votos en contra de la vacancia, incluido el de la vicepresidenta María Teresa Cabrera, la Junta Nacional de Justicia mantiene en el cargo a Ríos, sentenciado por maltrato psicológico a su exesposa
En medio de cuestionamientos éticos y jurídicos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó este lunes el pedido de vacancia contra su presidente, Gino Ríos Patio, quien cuenta con una sentencia firme por violencia familiar en agravio de su exesposa. La decisión fue tomada por mayoría, con cuatro votos a favor de mantenerlo en el cargo y solo dos votos por su remoción.
Los consejeros que votaron a favor de la vacancia fueron Francisco Távara y Germán Serkovic, mientras que la vicepresidenta de la JNJ y excongresista María Teresa Cabrera, junto a Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo, respaldaron la continuidad de Ríos, cuyo mandato culmina en diciembre de 2025.
La decisión ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones feministas, juristas y congresistas. La abogada Beatriz Ramírez denunció en la red social X que la JNJ «desconoce sentencias con calidad de cosa juzgada», mientras que la activista Susana Chávez calificó la situación como un reflejo de “una justicia más podrida que nunca”.
El caso de Gino Ríos salió a la luz a través de un reportaje de Cuarto Poder, que reveló una sentencia del Primer Juzgado Transitorio de Familia de La Molina y Cieneguilla, la cual determinó que el hoy presidente de la JNJ cometió maltrato psicológico contra su exesposa durante un proceso de divorcio iniciado en 2004. La sentencia incluyó medidas de protección para la víctima y se basó en pericias psicológicas y cartas notariales con amenazas. La resolución nunca fue apelada.
Según la Ley Orgánica de la JNJ, las personas con sentencias por violencia familiar no pueden integrar este organismo, responsable de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales en todo el país. Sin embargo, durante el proceso de selección de Ríos en 2023, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien presidió la comisión evaluadora, no cuestionó la sentencia pese a que fue advertido por la abogada de la víctima. Gutiérrez argumentó que se trataba de una “situación privada”.
En su defensa, Ríos alega que la sentencia no constituye un antecedente penal, pues se dictó en un fuero civil y antes de la entrada en vigencia de la Ley 30364 sobre violencia contra la mujer (2015). También sostiene que mantiene su “idoneidad moral” para el cargo.
Sin embargo, la permanencia de Ríos genera serias dudas sobre la coherencia institucional de la JNJ, especialmente porque él mismo avaló la destitución de otros funcionarios por situaciones similares. La controversia pone en entredicho el compromiso del organismo con los principios de ética, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales.
Fuente: Infobae
