El fiscal del caso Lava Jato considera injusta y abusiva su suspensión, acusando un pacto ilícito entre la ANC y Fuerza Popular
La reciente suspensión de José Domingo Pérez, fiscal integrante del equipo Lava Jato, ha desatado una fuerte polémica en el ámbito político y judicial de Perú. La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió suspender al fiscal por seis meses, alegando presuntas infracciones administrativas en su trato con Arsenio Oré Guardia, uno de los investigados por los presuntos aportes irregulares a las campañas de Keiko Fujimori. Sin embargo, Pérez ha calificado la medida de «injusta y abusiva», sugiriendo que se trata de una represalia política orquestada para silenciar a aquellos fiscales que han estado al frente de investigaciones contra la corrupción.
En su pronunciamiento, Pérez afirmó que su suspensión forma parte de un acuerdo ilícito entre el jefe de la ANC, Juan Fernández Jerí, y el abogado de Fuerza Popular, Christian Salas. Según Pérez, Fernández Jerí y Salas conspiraron para debilitar la labor de fiscales como él y su compañero Rafael Vela, quienes han jugado un papel clave en la lucha contra la corrupción vinculada al fujimorismo. «Me voy como se van otros fiscales incómodos para el poder corrupto», expresó Pérez, quien lamentó que la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no tomara medidas para frenar lo que él considera una injusticia.
José Domingo Pérez comparó su situación con la de los fiscales durante la gestión de Blanca Nélida Colán en los años 90, quien fue condenada por encubrimiento debido a su estrecha relación con Vladimiro Montesinos, exasesor principal del régimen de Alberto Fujimori. Según el fiscal, tanto en aquella época como ahora, muchos fiscales deben resistir frente a autoridades que han hipotecado su función al poder político y criminal en curso.
La suspensión de Pérez tiene lugar en un contexto delicado de posible interferencia política en la justicia, dada la relación del jefe de la ANC con Fuerza Popular. La decisión de suspender a Pérez, conocido por su trabajo en los casos de Lava Jato y la investigación sobre los aportes ilegales de campaña de Keiko Fujimori, ha sido vista por muchos como un intento de debilitar la lucha contra la corrupción y proteger a los actores políticos involucrados.
