La norma contempla medidas extraordinarias de seguridad, sanciones más severas y restricciones al uso de motocicletas para frenar el crimen organizado en el sector transporte
El presidente José Jerí informó que la Ley N.° 32490, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, entrará en vigencia a más tardar el lunes 19 de enero, tras su aprobación por el Consejo de Ministros y su posterior publicación en el diario oficial.
Según detalló el mandatario, la norma se encuentra en su fase final y podría quedar lista incluso antes del fin de semana. “La Ley 32490, como máximo, estará aprobada el sábado por el Consejo de Ministros y publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes”, aseguró.
La ley busca proteger al sector transporte, considerado estratégico para la economía nacional, mediante un conjunto de acciones orientadas a combatir el crimen organizado. Entre sus principales disposiciones figura la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), integrado por policías, fiscales y jueces especializados, quienes deberán someterse a pruebas de polígrafo semestrales y contarán con un régimen especial de seguridad.
Asimismo, la norma contempla la implementación de un Fondo estatal de riesgo para respaldar económicamente a empresas y unidades afectadas por atentados, el uso de inteligencia financiera para rastrear pagos extorsivos realizados a través de billeteras digitales y cuentas bancarias, y la aplicación de la extinción de dominio exprés, que permitirá la incautación inmediata de bienes y cuentas vinculadas a estos delitos.
Como parte de la estrategia integral, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, explicó que se emitirá un decreto supremo que prohibirá la circulación de motocicletas con dos ocupantes, modalidad frecuentemente utilizada por sicarios. Detalló que la primera infracción será considerada “muy grave”, con la pérdida de 50 puntos en el récord del conductor, mientras que la reincidencia implicará la duplicación de la multa, la pérdida de 60 puntos adicionales y la cancelación del brevete.
Las autoridades esperan que estas medidas contribuyan a desincentivar prácticas delictivas y faciliten la identificación de los responsables, reforzando así la seguridad ciudadana.
Fuente: Rpp
