La Contraloría General, informó que, identificaron un perjuicio económico al Estado por S/ 172 mil en el proyecto de ciclovías, a cargo de la Municipalidad Provincial de San Román, debido a la modificación y ejecución de partidas no autorizadas ni aprobadas en el expediente técnico, y para lo cual, se realizaron requerimientos de bienes y servicios sin sustento técnico ni legal, generando gastos innecesarios que no cumplen con la finalidad pública del proyecto.
De acuerdo al informe de auditoría de cumplimiento N° 050-2022-2-0465, la Contraloría evidenció que entre diciembre de 2020 y julio de 2021, se modificaron sin sustento técnico ni legal los elementos de segregación, tales como los hitos de señalización y los topellantas de concreto para su durabilidad y perduración en el tiempo a pesar que la guía técnica del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, establece que debían ser desmontables y trasladables, de fácil reemplazo (ciclovías temporales) que facilite el transporte en el marco del estado de emergencia declarada por el COVID-19.
En ese contexto, el proyecto de la ciclovía, que tenía un presupuesto superior a S/ 864 mil, se advirtió que, en los años 2020 y 2021, se gastó más de S/106 mil y S/ 252 mil, respectivamente, representando el 41.59% del costo total del proyecto.
En tanto que, en la ejecución física, el especialista técnico del OCI de la Municipalidad Provincial de San Román, mediante informe técnico, señala que del 20 de mayo hasta 21 de julio de 2021, el residente del proyecto ejecutó 11 partidas (corte y rotura de pavimiento mixto, fabricación de canastillas, concreto para canastillas, bloque de control, etc.), que no tenían autorización y aprobación correspondiente.
Así mismo, dieron a conocer que, el informe elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Román fue comunicado al alcalde, a la Procuraduría de la Contraloría General y a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Puno, para el inicio de los procedimientos administrativos, acciones civiles y legales penales, respectivamente, contra los cinco involucrados en los hechos irregulares.
