Este martes 3 de octubre desde las 9:00 de la mañana continuaran con las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia
Este martes 3 de octubre, la Comisión de Justicia del Congreso continúa la investigación abreviada de siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes están amenazados de ser destituidos. Según el reglamento, participarán cuatro abogados constitucionales y dos penalistas para expresar su opinión sobre la gama de temas tratados en el punto 7.565 del orden del día, que dio origen a este proceso.
Los abogados que fueron citados a la sala del tribunal de María Elena Moyano desde las 9:00 de la mañana, son Ernesto Álvarez, Marinella Ledesma, Walter Albán, Beatriz Ramírez Huaroto, Cristian Salas y Mario Amoretti, estos dos últimos peritos en causas penales.
La comisión, presidida por la parlamentaria del Partido Perú Libre, Janet Rivas, le dio al equipo técnico 14 días hábiles para preparar un informe. Si el documento es aprobado por la Comisión de Justicia, debe presentarse a mesa de partes del Congreso
En este caso, queda a la espera de su inclusión en el orden del día del pleno. Esto se puede ver en las reuniones del Consejo Directivo o en la Junta de Portavoces. Dependerá de cómo el Parlamento priorice esta cuestión.
Según el Reglamento del Congreso, la aprobación de la destitución de siete miembros de la Junta Nacional de Justicia requiere 2/3 de los votos del parlamento, en realidad se necesitarían 87 votos. Que cada caso se vote por separado o en conjunto dependerá de cómo la Comisión de Justicia haya juzgado previamente este tema.
La CIDH advierte de un golpe a la independencia judicial
A finales de setiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por las investigaciones sumarias del Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia y advirtió que sus miembros podrían ser destituidos de sus cargos y que el incumplimiento del debido proceso socavara la independencia judicial del Perú.
Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho del Perú a ejercer control político sobre las instituciones, pero destacó que “todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso”.
