En medio de la crisis política y social que atraviesa el país, el máximo órgano del Poder Judicial recuerda que la protesta pacífica es una libertad fundamental que debe ser respetada por las autoridades
En un contexto marcado por la convulsión social y política, la Corte Suprema de Justicia del Perú ha emitido un pronunciamiento contundente: el derecho a la protesta es legítimo y debe ser protegido, siempre que se ejerza de manera pacífica y dentro del marco del respeto a los derechos de los demás.
El mensaje fue dado a través de la Sala Plena del máximo órgano judicial, que enfatizó la necesidad de que las autoridades actúen con prudencia y proporcionalidad frente a las movilizaciones sociales, reiterando que la represión no puede ser la respuesta del Estado ante el ejercicio de derechos ciudadanos.
“Protesta sí, represión no”
“El respeto a la protesta, la libertad de reunión y la libertad de expresión son elementos esenciales de una sociedad democrática”, señala el comunicado, en el que también se advierte sobre el delicado escenario de crisis institucional y de orden público que atraviesa el país.
Esta posición de la Corte Suprema surge tras una nueva ola de movilizaciones ciudadanas a nivel nacional, convocadas por colectivos sociales y juveniles, en rechazo a la asunción de José Jerí como presidente tras la vacancia de Dina Boluarte, así como por el reclamo urgente de seguridad ciudadana, justicia y reformas políticas reales.
Exhorto al diálogo y rechazo al autoritarismo
En otro tramo de su pronunciamiento, la Corte llama a las autoridades del Ejecutivo y del Congreso, así como a la ciudadanía, a sostener una vocación de diálogo permanente y a no ceder ante actitudes autoritarias.
“En democracia siempre es posible lograr consensualmente objetivos de libertad, justicia y desarrollo social», indica el comunicado, añadiendo que el país no debe «aceptar propuestas o asumir actitudes que nos encaminen al autoritarismo».
Además, el texto recuerda que la inseguridad también ha tocado al sistema de justicia, mencionando que dos jueces de paz fueron asesinados recientemente en el ejercicio de sus funciones, lo que subraya la urgencia de proteger el Estado de derecho y la integridad de sus operadores.
¿Qué implica este pronunciamiento?
Este mensaje llega en un momento clave, especialmente luego de las expresiones del primer ministro Ernesto Álvarez, quien recientemente calificó como “subversiva” la marcha ciudadana del 15 de octubre, criminalizando la protesta antes de asumir el cargo. La Corte Suprema, al reafirmar que protestar es un derecho, marca distancia de esa narrativa de estigmatización hacia la ciudadanía organizada.
