La concesión de Perú Belmond, vinculada al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, podría extenderse más allá de su fecha de vencimiento, tras un arbitraje que busca recuperar pérdidas por la pandemia y las protestas sociales
La concesión del hotel Sanctuary Lodge, ubicado en la entrada a Machu Picchu, está a punto de finalizar el 16 de mayo de 2025, pero la empresa Perú Belmond Hotels, accionista de la cual es el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha solicitado una extensión de 64 meses más. El argumento presentado por la compañía es que la pandemia y las protestas sociales le causaron pérdidas millonarias, por lo que necesita tiempo adicional para recuperar los 11 millones de dólares que asegura dejó de percibir.
El Gobierno Regional de Cusco, encabezado por el gobernador Werner Salcedo, rechazó la solicitud, y Belmond, en respuesta, inició un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima para forzar la ampliación del contrato. La situación se complica aún más con la intervención de los trabajadores de la empresa, quienes han obtenido una medida cautelar para proteger sus empleos hasta que se resuelva el conflicto.
El gobernador Salcedo ha criticado las maniobras legales de la empresa, calificándolas de «leguleyada», y subrayó que la concesión del hotel debe expirar como está estipulado en el contrato original firmado en 1995. Según el contrato de 2013, la concesión debía finalizar indefectiblemente en mayo de 2025, pero la empresa de López Aliaga busca modificar esa condición.
El conflicto se extiende más allá del ámbito legal. Belmond ha desplegado una estrategia mediática para presionar a las autoridades locales, destacando sus contribuciones al turismo en Machu Picchu. Sin embargo, el gobernador de Cusco ha mantenido su postura de no ceder a la presión y recuperar el control del hotel para beneficio de la población local.
La historia de la concesión del Sanctuary Lodge comenzó en 1995, en la dictadura de Alberto Fujimori, con un contrato que fue ampliado mediante una adenda cuestionada en 2013, firmada sin la debida aprobación legal y que, según la Contraloría, presentó irregularidades graves. Con el nuevo arbitraje y la medida cautelar que ahora favorece a la empresa, el futuro de esta concesión parece incierto.
Si el arbitraje favorece a Belmond, este podría sentar un precedente peligroso, permitiendo que otras empresas y trabajadores utilicen el mismo argumento de pérdidas económicas para solicitar la ampliación de concesiones en otros sectores. La cuestión legal y la presión política están en pleno auge, mientras que el tiempo se agota para determinar el destino de este emblemático hotel de Machu Picchu.
