A 44 años de la brutal represión de Gwangju, la reciente tentativa de la ley marcial revive los temores de un regreso a los oscuros días de la dictadura
La masacre de Gwangju, ocurrida entre el 18 y 27 de mayo de 1980, sigue siendo uno de los episodios más dolorosos y significativos en la historia reciente de Corea del Sur. En ese entonces, la ley marcial, impuesta por el general Chun Doo Hwan tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno, se convirtió en el preludio de una de las más brutales represiones contra la población civil. Entre los miles de manifestantes que exigían reformas democráticas. Los activistas y académicos elevan el número a más de más de 2.000 personas perdieron la vida, aunque las autoridades solo reconocieron oficialmente 166 muertos. A pesar de décadas de censura y silencio, la memoria de Gwangju se mantiene viva, y su impacto sigue siendo un tema polarizador en la sociedad surcoreana.
Por eso, cuando la noche de este martes los surcoreanos vieron conmocionados y furiosos cómo su actual presidente, Yoon Suk Yeol, declaraba la ley marcial en directo por televisión, algunos temieron que su país democrático se acercara peligrosamente a la recreación de ese oscuro capítulo. La situación provocó una fuerte respuesta tanto de la ciudadanía como de los legisladores, quienes, en medio de una feroz protesta nacional, votaron de manera unánime para bloquear el decreto. Ante la presión, Yoon se vio obligado a dar marcha atrás y levantó la orden de ley marcial solo unas horas más tarde, evitando así la repetición de una historia que, para muchos surcoreanos, nunca debió haber sucedido.
El vínculo entre la masacre de Gwangju y la reciente crisis política en Corea del Sur es innegable. Ambos eventos giran en torno a la cuestión del control militar sobre el poder político y la represión violenta de cualquier intento de cambio social y político. En 1980, tras el asesinato del dictador Park Chung Hee, muchos coreanos esperaban una transición democrática. Sin embargo, el golpe de Chun Doo Hwan aplastó esas esperanzas, provocando un levantamiento popular en Gwangju que fue brutalmente sofocado por las fuerzas militares. Las autoridades aseguraron que la ley marcial fue necesaria para restaurar el orden, pero el costo humano fue enorme y dejó una cicatriz profunda en el pueblo surcoreano.
A pesar de que la masacre de Gwangju no logró impedir el cambio hacia un sistema democrático, se mantuvo durante años como un tema tabú, especialmente durante los años de la dictadura, cuando cualquier información sobre los sucesos fue censurada. Sin embargo, el legado de Gwangju ayudó a forjar el movimiento pro-democracia que culminaría en las primeras elecciones libres en 1987 y el eventual establecimiento de la actual VI República.
Hoy, más de cuatro décadas después, la masacre sigue siendo un tema divisivo en la sociedad surcoreana. Los sectores de derecha insisten en que las revueltas fueron instigadas por el régimen de Pyongyang, mientras que los sectores progresistas y académicos atribuyen la violencia a las ambiciones de los militares por mantener el control del país. La incertidumbre sobre el número real de víctimas persiste, y en 2019, se encontraron restos humanos de unas cuarenta personas en una antigua cárcel de Gwangju, lo que renovó la lucha por la verdad y la justicia.
La reciente tentativa de ley marcial durante la presidencia de Yoon Suk Yeol, aunque rápidamente revocada, trae de vuelta los temores sobre el regreso a un régimen autoritario en un país que ha luchado por consolidar su democracia. Hoy, el 18 de mayo, es un día de conmemoración nacional, y el cementerio donde descansan algunas de las víctimas fue elevado al estatus de monumento nacional. La masacre de Gwangju sigue siendo un recordatorio de los sacrificios que hizo el pueblo surcoreano para lograr la democracia, y un advertencia de lo que podría perderse si el pasado se repite.
