El presidente del Frente de Defensa de la Cuenca Llallimayo, manifestó que, a veces no se entiende el trabajo de algunos congresistas que pretenden sustentar normativas que no tienen resultados
Luego de conocer que, recientemente, el Congreso de la República, mediante proyectos de ley como el N° 9259/2024-CR impulsado por el congresista José Luna, busca ampliar nuevamente la vigencia del REINFO hasta el año 2026, lo cual permitiría que mineros no formalizados sigan operando sin regulación efectiva.
Hernán Nina Zamata, presidente del Frente de Defensa de la Cuenca Llallimayo, manifestó que, a veces no se entiende el trabajo de algunos congresistas que pretenden sustentar normativas que no tienen resultados, en el caso del REINFO sería un fracaso y de ampliarse tendría otros intereses. El proceso de formalización, inicialmente para regularizar y fiscalizar la actividad minera, ha sufrido múltiples ampliaciones, favoreciendo el mantenimiento de operaciones informales que, sin cumplir con los requisitos ambientales y fiscales, persisten en la extracción y comercialización de minerales sin supervisión.
Particularmente en Puno, bajo la vigencia de esta estrategia se ha permitido que muchos mineros ilegales, pasen como informales, que hasta el momento en su mayoría no han logrado reunir los requisitos para operar dentro del marco legal. Esta situación es especialmente grave en Puno, donde la minería informal ha generado impactos negativos en el medio ambiente, afectando ríos y tierras comunales y contribuyendo a la deforestación y la contaminación por mercurio.
“El congresista Luna, no se identifica con el sufrimiento de la población cuando se afecta al medio ambiente, sobre todo cuando las mineras formales están afectando las cuencas, como Llallimayo…, la situación con los informales en diferentes puntos del país debe ser más crítico, realidad que no quieren ver y siguen con intereses particulares y personales”, dijo el dirigente.
Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, solo el 2.4% de los 87,111 mineros informales registrados en el REINFO desde su creación en 2016 han logrado formalizarse. Esto deja a un 79% de mineros con inscripción suspendida y cerca del 18.6% aún en proceso, lo cual permite que muchos continúen operando al margen de la ley.
A medida que se acerca la fecha límite del 31 de diciembre, en Puno persiste la preocupación sobre las implicaciones sociales y ambientales de permitir que la minería ilegal continúe expandiéndose sin una regulación adecuada y enmascarada como minería informal bajo el aval del REINFO.
