Gobiernos nacionales y regionales deberán implementar dispositivos de protección y campañas de concientización; expertos advierten sobre la importancia de criterios técnicos y mantenimiento.
Luego de conocerse que el Congreso de la República ha promulgado la Ley N.° 32300, una norma que busca promover y garantizar la instalación de pararrayos en las zonas del país más vulnerables a descargas eléctricas, con el objetivo de proteger la vida y salud de la población expuesta a este fenómeno natural.
Según detalla la ley, los gobiernos nacionales, regionales y locales tendrán la responsabilidad de implementar estrategias para la colocación de estos dispositivos, además de desarrollar campañas de capacitación y concientización sobre la prevención de accidentes por rayos.
Al respecto, el ingeniero electrónico Alex Vargas, del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Puno, destacó la importancia de esta ley en una entrevista con Radio Onda Azul, señalando que “el objetivo principal es salvaguardar la vida humana, especialmente en zonas rurales donde los rayos han causado pérdidas humanas y daños materiales”.
Explicó que un rayo es una descarga eléctrica generada por la acumulación de cargas positivas y negativas en las nubes. Cuando estas cargas se equilibran, se produce la descarga hacia la tierra, muchas veces de manera impredecible. Añadió que un pararrayos cumple la función de atraer y canalizar esta energía hacia la tierra, evitando daños a personas, animales y estructuras.
Asimismo, preciso que existen diversos tipos de pararrayos, siendo los más conocidos los pasivos, como el tipo Franklin, y los activos, como los PDC (Pararrayos de Cebado Controlado), los cuales cuentan con mayor cobertura y eficiencia. Estos deben contar con componentes esenciales como un sistema de captación, conductores de bajada y puesta a tierra, y requieren mantenimiento periódico para asegurar su funcionamiento.
Sin embargo, también expresó preocupación por la sostenibilidad de esta medida: “Si bien es una norma loable, la instalación sin criterios técnicos claros podría generar sobrecostos y escasa efectividad. Es fundamental realizar estudios adecuados para determinar cuántos pararrayos se necesitan por kilómetro cuadrado, su altura, material y ubicación estratégica”.
El especialista subrayó que el mantenimiento de los pararrayos debe ser anual o, como mínimo, cada dos años, para garantizar su operatividad, advirtiendo que, como ocurre con otros proyectos de infraestructura pública, el descuido podría anular su utilidad con el tiempo.
Finalmente, hizo un llamado a que esta ley no se quede solo en el papel y que se articule con organismos como CENEPRED, SENAMHI e INDECI para el correcto diseño e implementación de proyectos de prevención ante descargas eléctricas.
