El Perú enfrenta 22 demandas en el CIADI, que podrían costarle el equivalente al 3,9% del PBI nacional, afectando sectores clave como salud y educación
El Estado peruano enfrenta una creciente presión fiscal y legal a raíz de 22 litigios abiertos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que podría significar una pérdida de hasta 10 mil millones de dólares, equivalentes al 3,9% del Producto Bruto Interno (PBI) y a la suma de los presupuestos de los ministerios de Salud (MINSA) y Educación (MINEDU), según el semanario Hildebrandt en sus trece.
Actualmente, solo México supera al Perú en número de litigios activos ante el CIADI. Sin embargo, el Perú ostenta el récord de sentencias adversas en este foro internacional, consolidando un patrón preocupante de derrotas que comprometen recursos públicos vitales.
En lo que va del 2025, el país ha perdido ya dos casos clave:
- Uno con Deviandes, por el cierre del peaje de Ticlio, con una indemnización de USD 10 millones más USD 2,7 millones en honorarios.
- Otro con Lupaka Gold, minera canadiense, que ganó USD 40,4 millones por la concesión de la mina “Invicta”.
- Casos mayores aún están pendientes. ENAGAS, exconcesionaria del Gasoducto del Sur, ya ganó una demanda por USD 302 millones; y el Consorcio Metro de Lima, liderado por ACS y Cosapi, logró una sentencia favorable por USD 470 millones, aunque el Estado busca reducir el monto.
Además, Brookfield, un fondo canadiense con inversiones globales, ha iniciado una demanda por USD 2.700 millones tras la anulación del peaje de Puente Piedra, siendo esta la mayor demanda en curso contra el país.
Otras demandas incluyen:
- Odebrecht (USD 1.400 millones por el Gasoducto del Sur),
- Telefónica del Perú (S/1.355 millones por intereses tributarios),
- Scotiabank (USD 126 millones),
- Vinci (USD 365 millones por peajes),
- Operadora Ecológica Titicaca, que exige S/247 millones por un contrato anulado en Puno.
Frente a estos riesgos, el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene una reserva de contingencia de USD 6.400 millones (2,3% del PBI), lo que limita la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias como infraestructura, educación y salud.
Especialistas consultados por Hildebrandt en sus trece, como Henry Zevallos y Edisson Tito Peralta (ambos de la PUCP), coinciden en que muchos de estos conflictos tienen raíz en decisiones políticas que afectan la seguridad jurídica de los contratos con inversionistas extranjeros. La tendencia a anular concesiones por presiones internas o beneficios políticos está afectando la reputación del país ante los tribunales internacionales.
A pesar de haber ganado 14 de 26 casos históricos en el CIADI, el Perú muestra una preocupante tendencia a acumular derrotas desde 2021, cuando se convirtió en el país más demandado del mundo ante dicho organismo, superando incluso a Venezuela y Argentina.
El impacto de estas demandas no solo se traduce en pérdidas económicas, sino en una creciente desconfianza del capital extranjero, poniendo en jaque la inversión y el desarrollo en sectores clave del país.
Fuente: Infobae
