La congresista enfrenta una denuncia por tráfico de influencias agravado, tras denuncias de venta de exámenes docentes, además de una investigación ética por uso indebido de su personal parlamentario.
La congresista Lucinda Vásquez está bajo la lupa de la Fiscalía y del Congreso por un presunto caso de tráfico de influencias agravado. La investigación se centra en la posible venta de exámenes durante el proceso de nombramiento docente en 2021, un escándalo que podría derivar en una denuncia constitucional.
Entre las pruebas recopiladas por el Ministerio Público figuran chats, registros de llamadas y datos de geolocalización del teléfono de Vásquez, que, según fuentes, contradicen sus versiones anteriores. Si se determina su culpabilidad, podría enfrentarse a penas de hasta ocho años de prisión y, lo que es más grave para su carrera política, a la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Paralelamente, la Comisión de Ética del Congreso ha iniciado una investigación por el llamado “caso corta uñas”, luego de que se difundieran imágenes en las que un asesor parlamentario le corta las uñas a la legisladora y otro le prepara el desayuno dentro de su despacho. En caso de confirmarse irregularidades éticas, Vásquez podría recibir una sanción que incluya suspensión de hasta 120 días e incluso una inhabilitación más amplia para ejercer cargos públicos.
