Pedro Hernández señala que se rompió la tradición constitucional al investigar a Pedro Castillo y sancionar a Zoraida Ávalos por proteger la investidura presidencial
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, reconoció públicamente que el Congreso de la República cometió un error al inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por no investigar al expresidente Pedro Castillo durante su mandato. Según Hernández, tanto el Parlamento como la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ignoraron una interpretación constitucional histórica que buscaba preservar la investidura presidencial.
En declaraciones a RPP, el magistrado sostuvo que Ávalos actuó conforme a una doctrina jurídica vigente desde 1823 hasta 2022, al evitar iniciar procesos penales contra un presidente en funciones. Esta postura fue clave para que un juez constitucional la restituyera en el cargo mediante una medida cautelar.
«Lo que ella hizo fue mantener la línea argumentativa que estuvo vigente en el Perú desde 1823 hasta el año 2022. Sí, se equivocaron», declaró Hernández.
Durante el gobierno de Pedro Castillo, el Congreso intentó investigarlo por sus declaraciones sobre una posible salida al mar para Bolivia, lo que generó una acusación constitucional. No obstante, el TC desestimó el caso al considerar que no estaba debidamente fundamentado, reforzando así la figura de protección a la investidura presidencial.
Diferencias entre Castillo y Boluarte
Por su parte, la presidenta del TC, Luz Pacheco, justificó la reciente decisión del Tribunal de suspender las investigaciones fiscales contra la actual mandataria Dina Boluarte, asegurando que no se trata de una defensa personal, sino de la investidura del cargo presidencial.
En entrevista con Canal N, Pacheco sostuvo: «Lo del señor Castillo es una situación muy especial, él ha dado un golpe de Estado. No creo que se deba equiparar una situación con la otra.»
Las declaraciones de ambos magistrados han reavivado el debate sobre el uso político del sistema judicial y la independencia de los poderes del Estado, especialmente en el contexto de crisis institucional que ha atravesado el país en los últimos años.
