Durante la movilización «Generación Z», un ciudadano fue golpeado por agentes de la PNP y auxiliado por brigadistas de salud. Denuncian uso excesivo de la fuerza y presencia desproporcionada de efectivos policiales
Una nueva jornada de protestas contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República terminó en enfrentamientos y represión en el Centro de Lima, dejando como saldo al menos un manifestante herido. Durante la movilización convocada por colectivos bajo el nombre de «Generación Z», un ciudadano fue golpeado en la cabeza y brazos por efectivos policiales, siendo auxiliado de inmediato por brigadistas de salud en la Plaza San Martín.
La represión se intensificó cuando la Policía Nacional del Perú (PNP) cerró los accesos a la emblemática plaza, impidiendo el avance de los manifestantes hacia el Congreso. Testigos y participantes denunciaron que fueron cercados por los agentes, generando pánico, corridas y enfrentamientos.
Organizaciones civiles, así como usuarios en redes sociales, criticaron duramente la actuación policial, señalando uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y acusando al gobierno de querer intimidar y amedrentar a quienes ejercen su derecho a la protesta.
Lo que más llamó la atención fue el masivo despliegue policial. Desde horas tempranas, miles de efectivos ocuparon la Plaza San Martín y las avenidas aledañas, generando una fuerte presencia en el espacio público que fue tildada de desproporcionada por diversos sectores.
En redes sociales, muchos ciudadanos compararon esta movilización masiva de policías con la limitada respuesta del Estado ante la creciente ola de inseguridad ciudadana en distintas regiones del país, cuestionando las prioridades del gobierno en el uso de sus recursos.
Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio del Interior ni de la presidenta Dina Boluarte sobre los hechos ocurridos durante la protesta. Organismos de derechos humanos y colectivos sociales exigen una investigación sobre el uso de la fuerza y garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
Fuente: La República
