La congresista de APP afronta una indagación fiscal por fraude procesal y denuncia calumniosa, lo que le habría impedido legalmente asumir dicho cargo, según el reglamento del Parlamento.
La congresista María Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso (APP), enfrenta una investigación penal por presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa, situación que, según el reglamento del Congreso, le impedía ejercer como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, fue elegida en el cargo pese a que la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preparatoria en su contra en junio de 2024. La indagación está vinculada a un litigio iniciado en 2022 por un conflicto sobre terrenos en Chiclayo, en el cual el empresario Sergio Ciccia denunció a la inmobiliaria Los Alisos EIRL, donde Acuña figura como gerente.
La empresa de Acuña respondió con una contradenuncia, acusando a Ciccia de falsificar su firma. No obstante, una pericia policial determinó que la firma sí pertenecía a la legisladora, lo que llevó al empresario a ampliar su denuncia contra la parlamentaria. Aunque la congresista argumentó que no tenía conocimiento formal de la investigación, el dominical mostró que en abril de 2023 Acuña ya había declarado ante la Fiscalía de Chiclayo, lo que evidencia que sí estaba al tanto del proceso legal en curso.
El exoficial mayor del Congreso, José Elice, subrayó que la parlamentaria debió comunicar su situación judicial antes de asumir la presidencia de la Subcomisión. La normativa parlamentaria prohíbe que congresistas con investigaciones fiscales abiertas encabecen este grupo de trabajo, encargado justamente de evaluar denuncias constitucionales. Frente a la polémica, Acuña insistió en que el caso corresponde a una empresa privada y no afecta directamente su labor legislativa, aunque reconoció que esperará la evolución del proceso.
