La eliminación de la exigencia de contar con profesionales en trabajo social en empresas con más de 100 trabajadores pone en riesgo la estabilidad laboral.
La reciente derogatoria del Decreto Supremo N.º 009-65, ha encendido las alarmas en el gremio de trabajadores sociales a nivel nacional. En la región Puno, esta medida pone en riesgo el empleo de hasta 5 mil profesionales, según lo advirtió la doctora Betzabé Llerena Zea, directora del Departamento Académico de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano.
Según manifestó, la norma anulada anteriormente (exigía que toda empresa con más de 100 trabajadores cuente de manera obligatoria con un profesional en trabajo social. Con la derogatoria, esta exigencia deja de ser obligatoria, y por tanto, miles de profesionales podrían quedar sin función o ser reemplazados por otros especialistas ajenos a esta formación.
“En Puno hay alrededor de 5 mil empresas formales, y muchas de ellas estaban obligadas a contratar a un trabajador social. Si sumamos los que ya están contratados y los egresados recientes, el impacto es grave. A nivel nacional, más de 10 mil profesionales en trabajo social podrían perder sus puestos o quedar relegados”, detalló.
Además, criticó duramente la postura del Indecopi y del gobierno central, al considerar esta exigencia como una «barrera burocrática», debido a que se estaría deshumanizando la gestión empresarial y estatal al relegar el bienestar social de los trabajadores.
Advirtió además que, esta medida no solo impactará en el empleo de los trabajadores sociales, sino también en el bienestar de los empleados en general.
“El trabajo social no solo vela por derechos y prestaciones, sino que previene conflictos laborales, atiende crisis emocionales, promueve la responsabilidad social y mejora el clima laboral. Somos fundamentales para el desarrollo humano dentro de una organización”, subrayó.
