Gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Puno se pronunció respecto a la reciente medida cautelar dictada por el Poder Judicial que impide ejecutar cualquier acción jurídica sobre los terrenos en Juliaca
El gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Puno, Ricardo Alvares, se pronunció respecto a la reciente medida cautelar dictada por el Poder Judicial que impide ejecutar cualquier acción jurídica sobre los terrenos en Juliaca, previstos inicialmente para la construcción de una institución educativa, en ese sentido reafirmó que la única opción legal y viable para ejecutar el proyecto es el terreno ubicado en la ciudad de Puno.
«La sociedad civil, junto con la Municipalidad Provincial de Puno y los padres de familia, han ratificado su decisión: este colegio debe construirse en Puno. Hemos cumplido con las gestiones para el saneamiento físico legal del terreno, que ya está a nombre del sector Educación y cuenta con todos los servicios básicos», sostuvo.
Enfatizó que, la medida cautelar de “no innovar” dispuesta por el Poder Judicial debe ser respetada. «El artículo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente que ninguna persona ni entidad pública o privada puede desobedecer una decisión judicial. Estamos en un Estado de derecho, y las resoluciones del Poder Judicial deben cumplirse», precisó.
En ese sentido, remarcó que, mientras dure el proceso judicial, los terrenos en Juliaca son legalmente inviables. Por ello, instó al gobernador regional a tomar una decisión inmediata y definitiva para que se inicie la construcción en Puno, destacando que el terreno en cuestión cumple con todos los requisitos técnicos y legales.
“El gobernador regional acaba de mencionar que, dado que estos procesos pueden durar años, la única alternativa real es Puno. Además, nuestra propuesta no presenta inconvenientes y ya está en manos del Gobierno Regional. Recomendamos al señor gobernador que se tome la decisión cuanto antes, por el bien de la educación puneña», agregó.
Por otro lado, criticó la intervención del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), calificándola de “acto desleal”, al haberse deslindado de la responsabilidad sobre la ubicación del colegio, pese a que, según el convenio de 2014, dicha competencia recae en el Gobierno Regional.
