Con más de 4,600 millones de dólares en circulación anual, mafias mineras podrían financiar miles de campañas para las elecciones de 2026. En regiones como Puno, los impactos ambientales y sociales ya son devastadores.
El avance de la minería ilegal en el Perú no solo representa un problema ambiental y social, sino también un riesgo creciente para la democracia. Con más de 4,600 millones de dólares en circulación anual, esta actividad ilícita tiene el poder económico suficiente para financiar miles de campañas electorales de cara a los comicios de 2026. Esto no solo alimenta la corrupción, sino que pone en peligro la captura del poder político por intereses criminales. En regiones como Puno, donde los efectos de la minería ilegal han sido devastadores para el medio ambiente, el peligro es aún mayor.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Puno concentra cerca del 20 % de las denuncias por delitos ambientales a nivel nacional, con más de 600 investigaciones abiertas, principalmente en zonas como La Rinconada, Ananea y la cuenca del río Suches. La minería ilegal no solo contamina ríos con mercurio y cianuro, sino que también se ha apoderado de toda una red económica que abarca el transporte, la seguridad privada, el comercio de insumos químicos e incluso el abastecimiento de alimentos. Estas mafias tienen la capacidad de financiar miles de campañas presidenciales, congresales, regionales y locales, según advierte el estudio Tendencias y alertas 4.
Actualmente, algunos intereses de la minería ilegal ya están representados en el Congreso. El abogado especialista en derecho ambiental, César Ipenza, sostiene que existe una bancada multipartidaria que actúa en favor de estos grupos. Partidos como Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre, Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú, Renovación Popular y Podemos Perú han respaldado leyes que benefician directamente a la minería ilegal. Esta creciente influencia amenaza con consolidarse en las elecciones de 2026, poniendo en entredicho la autonomía del Estado frente a las economías ilegales.
