A pesar de que el modelo ofertado no cumplía con especificaciones técnicas, la firma Armor Life Lab recibió un contrato por S/7 millones. En 2019, su representante en Perú fue sancionado por presentar documentación falsa
El Ministerio del Interior (Mininter) adjudicó la compra de 3.164 chalecos antibalas tipo IIIA a la empresa mexicana Armor Life Lab, a pesar de que esta compañía fue sancionada en 2019 por presentar documentos falsos y su propuesta técnica actual no cumplía con los requisitos establecidos en la licitación. El contrato asciende a S/7,031,430.
La decisión fue tomada por la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Mininter, liderada por Ricardo Kanashiro Romero, luego de realizar una licitación internacional a la que postularon diez empresas extranjeras. Armor Life Lab resultó seleccionada a pesar de observaciones realizadas por el Comité Técnico de la Séptima Región Policial de Lima, que reportó que el modelo de chaleco ofertado no especificaba correctamente el peso ni la composición del material, requisitos exigidos por las bases.
La adjudicación ha generado polémica debido a que, en 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó por 40 meses a Caddin, representante en Perú de Armor Life Lab, por haber presentado documentación falsa en una licitación anterior ante el mismo ministerio. Caddin acusó a Armor Life Lab de haber entregado un certificado adulterado del laboratorio SGS de México, lo que motivó una denuncia penal por falsedad ideológica ante la Fiscalía.
Aunque la OGAF optó por no encargar esta compra a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), sí adjudicó la buena pro a Armor Life Lab el pasado 9 de septiembre, a un precio de S/2,222 por chaleco. Otras empresas, como Giramsa (México) y Miguel Caballero (Colombia), también quedaron finalistas con propuestas técnicas y económicas similares o incluso menores.
Fuentes del despacho del Ministro del Interior confirmaron que se ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República para verificar el proceso y evaluar la legalidad de la adjudicación. “Todo es revisable”, señalaron, indicando que el contrato aún podría quedar sin efecto dependiendo del resultado de las investigaciones.
Fuente: La República
