Los nuevos fiscales, incluyendo a la coordinadora Rosario Quico, no tienen experiencia en derechos humanos, lo que genera preocupación sobre el avance de las investigaciones
El Ministerio Público realizó cambios significativos en el equipo de fiscales encargado de investigar las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, en las que se exigía la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Entre las modificaciones más destacadas está el reemplazo de la fiscal Raquel Cárdenas por Rosario Quico Palomino como coordinadora del equipo especial, pese a que esta última ha reconocido no tener experiencia previa en casos de derechos humanos.
Además, fueron removidos al menos nueve fiscales y reemplazados por profesionales cuya trayectoria se concentra en áreas como violencia familiar, corrupción o gestión pública, sin antecedentes sólidos en investigaciones por violaciones a derechos fundamentales.
Entre los nuevos integrantes figuran Carlo Atocha Castro, con experiencia en violencia familiar; Marcelo Fernández Vásquez, especializado en delitos de corrupción; y Alberth Fernández Salazar, con formación en derecho penal, pero sin vínculos previos con casos de derechos humanos. La falta de especialización del nuevo equipo genera preocupación entre expertos y organizaciones, ya que podría retrasar las investigaciones, muchas de las cuales involucran directamente a las fuerzas del orden y a la propia presidenta Boluarte.
También se designaron nuevos fiscales en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, sin experiencia demostrable en el tema, lo que agrava la inquietud sobre el compromiso institucional con la justicia en estos casos sensibles.
Fuente: La República
