Norma aprobada por el Congreso impediría el uso de fondos internacionales para acciones legales contra el Estado, lo que podría restringir la defensa de derechos de pueblos indígenas y vulnerar el acceso a la justicia.
El Congreso de la República del Perú ha aprobado recientemente modificaciones a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), generando preocupación entre diversos sectores. Estas enmiendas prohíben que los fondos de cooperación internacional sean utilizados para interponer acciones legales contra el Estado, lo que podría restringir el acceso a la justicia de organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Además, se advierte que estas modificaciones podrían limitar la capacidad de las organizaciones para defender los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables.
Representantes de organizaciones indígenas han expresado su rechazo a estas modificaciones, calificándolas como una «ley mordaza» que busca silenciarlos y debilitar su lucha por la defensa de los derechos humanos, Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), señaló que la norma constituye una renuncia del Estado a proteger a la ciudadanía y a los pueblos indígenas, y que representa una forma de dictadura a través de las leyes. Asimismo, Danitza Quispe, dirigente de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), enfatizó que la ley es inconstitucional al no haber pasado por el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), afectando directamente a los pueblos indígenas.
Ante esta situación, congresistas y organizaciones indígenas han solicitado al Poder Ejecutivo que observe la ley y evite su promulgación. Advierten que, de entrar en vigor, se paralizarían más de 30 procesos judiciales impulsados por AIDESEP en defensa de los pueblos indígenas y de los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Además, se dificultaría el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y se debilitaría la capacidad de las organizaciones para defender los derechos de sus comunidades.
