Gerente de Desarrollo Urbano aclara que universidad incumplió normas urbanísticas al construir cerco sin autorización; intervención se basó en ordenanza vigente y procedimientos legales.
El gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Puno, Franklin Meztas, informó que se han iniciado acciones legales y administrativas contra la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) debido a la construcción irregular de un cerco provisional en un terreno ubicado en la cuadra 11 de la avenida Floral. Este espacio, que en un prendió se intentó convertir en el denominado “Parque del Bicentenario”, fue intervenido por la universidad sin contar con autorización municipal lo que motivó su notificación, sanción y posterior demolición.
“El rector ha señalado que no se les notificó, pero eso es completamente falso. La notificación fue realizada el 5 de mayo y la demolición se efectuó el viernes pasado”, precisó.
Asimismo, mencionó que la municipalidad no cuestiona la titularidad del terreno, ya sea como propietario o administrador por parte de la universidad, pero remarcó que cualquier intervención urbanística debe seguir los procedimientos formales, algo que no ocurrió en este caso. La sanción y la demolición, subrayó, se ejecutaron en cumplimiento del marco normativo vigente y del plan de desarrollo urbano aprobado mediante ordenanza municipal, “la municipalidad actúa de forma administrativa, no política”, aseguró.
Detalló además que el terreno en cuestión estaba destinado desde gestiones anteriores a albergar el Parque del Bicentenario, uno de los seis proyectos emblemáticos promovidos a nivel nacional. El proyecto contaba con el respaldo de la municipalidad, la universidad y el gobierno central, y se venía trabajando desde la gestión del exalcalde Martín Ticona. Sin embargo, en 2023, bajo la rectoría de Paulino Machaca, la universidad se opuso al proyecto, generando su paralización. A ello se sumó la pandemia, lo que dejó todo el proceso legal y de saneamiento físico suspendido ante registros públicos.
Sostuvo además que existe una ordenanza vigente, la N° 042-2020, que modifica el uso del suelo de dicho predio de “zona no urbanizable” a “usos especiales”, lo que da respaldo legal a la intervención municipal. Si bien el proceso de registro aún se encuentra con anotación preventiva, la autoridad edil reafirmó que toda acción se está realizando conforme a ley.
Finalmente, evitó entrar en especulaciones sobre posibles motivaciones políticas, señalando que “las decisiones se están tomando en el marco normativo, no en función de conflictos personales o institucionales”, enfatizó.
