Municipalidad de Puno aclara propiedad del área costera y reafirma su defensa legal
El gerente general de la Municipalidad Provincial de Puno, Ricardo Álvarez, quien recientemente obtuvo el grado de doctor, ha causado sorpresa este último fin de semana al pronunciarse sobre una creciente controversia relacionada con la supuesta propiedad privada en la zona del Puerto Muelle.
Álvarez fue enfático al señalar que la posición de la municipalidad ha sido clara y consistente desde hace muchos años: no se puede tener colindancia con el Lago Titicaca, ya que existe una normativa nacional que protege las riberas y cuerpos de agua del país.
«La Ley de Recursos Hídricos establece claramente que todo cuerpo de agua cuenta con cauces, riberas y una faja marginal. En el caso del Lago Titicaca, toda la zona de la costanera forma parte de esta área protegida», explicó.
Según lo detallado, algunos ciudadanos estarían reclamando derechos de propiedad sobre terrenos en el sector del Puerto Muelle, respaldados por antiguas escrituras. No obstante, la municipalidad sostiene que estos terrenos fueron ganados al lago a través de obras públicas y, por lo tanto, deben ser considerados como espacios públicos.
«La costanera es infraestructura pública, y la ley es clara al respecto. Cualquier terreno que se haya ganado a cuerpos de agua por medio de obras públicas tiene la condición de área pública», reiteró.
Asimismo, indicó que, en el marco de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), se está ratificando esta condición. Una parte importante de estos terrenos ya ha sido inscrita en los registros públicos a favor de la municipalidad, lo que respalda legalmente su defensa del espacio.
«Aunque estos reclamos puedan figurar en documentos antiguos, debemos recordar que vivimos en un Estado de derecho y hay que respetar la legislación vigente. Cualquier cuestionamiento deberá resolverse en instancias judiciales», señaló.
Finalmente, Álvarez reafirmó que la posesión actual del área está a cargo de la municipalidad y que se continuará con las acciones legales y administrativas necesarias para garantizar su protección como espacio público.
