La menor, víctima desde los 9 años, fue negada el aborto terapéutico y enfrenta complicaciones graves en su salud. Familia exige justicia y mayor protección para las víctimas
En Ucayali, una adolescente de apenas 13 años se encuentra en estado grave en el Hospital Regional de Pucallpa, tras dar a luz a un bebé nacido de un grave caso de abuso sexual. La menor, víctima desde los 9 años, ingresó de emergencia al hospital con complicaciones de salud, incluyendo preeclampsia, y fue sometida a una cesárea debido a dificultades respiratorias del recién nacido, que aún permanece en cuidados intensivos.
Lo que hace aún más doloroso este caso es la historia de abuso que sufrió la menor, perpetrado por Hermes Gutapaña Gomez, de 42 años, en la localidad de José Olaya. La familia denunció el abuso en octubre de 2024, pero hasta ahora, el agresor continúa en libertad, sin que las autoridades hayan tomado medidas contundentes para su captura.
Un aspecto que ha generado indignación es la negación del aborto terapéutico, solicitado por la familia cuando la menor tenía solo dos meses de gestación. El fiscal argumentó que el bebé debía nacer para que existiera una “prueba” del delito, lo que ha sido considerado por expertos y defensores de derechos como una grave omisión y una vulneración de los derechos de la víctima.
Este caso refleja una problemática alarmante en el país: en los primeros meses de 2025, se han registrado más de 1,100 casos de violación sexual a menores, y 139 niñas entre 11 y 14 años han llegado a ser madres. La región de Ucayali, junto con Lima y Loreto, lidera estas cifras.
Organizaciones y autoridades han expresado su rechazo y preocupación. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha exigido celeridad en la captura del agresor y justicia para la menor, mientras que expertos advierten que la falta de protección y la demora en las acciones judiciales agravan aún más la vulnerabilidad de las víctimas.
Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer las políticas de protección, garantizar el acceso a derechos reproductivos y actuar con firmeza contra quienes vulneran los derechos de las niñas y adolescentes en nuestro país.
