El director regional de Energía y Minas advierte que la suspensión del Reinfo afecta a cientos de mineros en proceso de formalización y limita la capacidad de fiscalización en la región.
La reciente reglamentación del Decreto Legislativo N.º 1621 (antes D.S. 032-2023-EM), que modifica las condiciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ha generado incertidumbre y preocupación en la región Puno. Así lo indicó Edwin Chambilla Palomino, director regional de Energía y Minas (DREM), quien señaló que esta normativa pone en pausa el proceso extraordinario de formalización y afecta directamente a los pequeños mineros que buscaban regularizar su situación.
“La nueva reglamentación indica claramente que hay una suspensión de todos los trámites vinculados al proceso extraordinario de formalización. Desde ese punto de vista, todos los mineros en vías de formalización se ven perjudicados, porque ya no pueden desarrollar ningún trámite. La DREM ya no tiene competencias sobre este tema”, explicó Chambilla.
Según el funcionario, la norma presenta vacíos legales y ambigüedades que dificultan su aplicación práctica. Aunque se ha mencionado la creación de un nuevo sistema de gestión minera (SIGMA) para dar continuidad al proceso, no se ha precisado cómo ni cuándo se implementará.
Señaló además que, hasta la fecha, en Puno se han formalizado alrededor de 88 mineros a través del proceso extraordinario, incluyendo 8 nuevos casos solo este año. Sin embargo, ante la paralización del sistema y la falta de directrices claras, las autoridades temen un repunte en la minería ilegal.
“Con esta nueva situación, seguramente va a incrementarse la minería ilegal. Además, nos han retirado facultades, y esto limita nuestra capacidad de fiscalización e identificación de zonas críticas. Ya no contamos con recursos ni convenios como en años anteriores, lo cual nos deja en una gran desventaja logística y operativa”, manifestó el director.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno central para que aclare los alcances de la ley y garantice los recursos necesarios para que las direcciones regionales puedan continuar con su labor de fiscalización y control.
