Ley 32351, promulgada sin consulta a la prensa, permite al Ejecutivo usar espacio gratuito en medios privados bajo el pretexto de «franja educativa» sobre violencia de género. ANP y Medios Perú advierten intromisión estatal
La reciente promulgación de la Ley 32351 ha generado un fuerte rechazo entre gremios periodísticos en Perú, quienes alertan que la norma abre la puerta a la propaganda estatal en medios privados, afectando la libertad de expresión y la independencia editorial.
Según la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, la ley modifica el artículo 46 de la Ley 30364 e incluye de forma explícita a nueve ministerios en el acceso gratuito al 10% de la programación en medios privados y estatales, bajo la figura de una «franja educativa» destinada a prevenir la violencia contra la mujer.
Lainez denunció que se trata de una medida encubierta que impone contenido oficial en espacios que deberían estar bajo control editorial independiente. “Si estamos hablando de un diario de 24 páginas, más de dos páginas serían entregadas gratuitamente a los actores del sistema, ¿para decir qué? Eso vulnera la independencia editorial”, sostuvo.
Asimismo, la ANP recordó que los medios ya cubren de forma responsable temas relacionados con la violencia de género y que han hecho esfuerzos por mejorar el tratamiento informativo sin necesidad de imposiciones legales.
Por su parte, la asociación Medios Perú, que representa a emisoras de radio y televisión, también expresó su oposición. Afirmaron que la norma establece “una peligrosa vulneración a la libertad de expresión” y criticaron que el Congreso y el Ejecutivo hayan avanzado sin consultar a los medios.
Zuliana Lainez también reveló que esta no es la primera vez que el Ejecutivo intenta imponer contenido en medios: “Hace meses se quiso imponer una franja sobre criminalidad en radio y TV. Esta vez lo aprobaron entre lobos y medianoche, sin pedir opinión a la prensa”.
Desde el Gobierno, una vocera negó que se trate de una medida con fines políticos, asegurando que el Ejecutivo advirtió sobre el riesgo de afectar la autonomía de los medios. No obstante, evitó mencionar que nueve instituciones del propio Ejecutivo se beneficiarán directamente con la nueva disposición.
Ante la polémica, tanto la ANP como Medios Perú han exhortado al Congreso y al Tribunal Constitucional a revisar la Ley 32351, señalando que distorsiona el principio de colaboración voluntaria entre Estado y medios consagrado en la Constitución.
Fuente: La República
