Las comunidades Awajún claman por una declaratoria de emergencia y exigen respuestas inmediatas de Petroperú ante el daño causado por el derrame en el Oleoducto Norperuano
La región de Loreto enfrenta una nueva tragedia ambiental tras un derrame de petróleo ocurrido en la madrugada del miércoles 19 de marzo, en el Oleoducto Norperuano (ONP) de Perúpetro. Este nuevo incidente ha afectado gravemente a las comunidades nativas Awajún de Sinchi Roca y Pijuayal, ubicadas en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón. El derrame ha contaminado las quebradas de Pijuayal, Río Rojo, Yurapaga y Apaga, las cuales son las principales fuentes de agua para más de 2500 personas.
Los pobladores, incluidos niños y escuelas, se han quedado sin acceso al vital líquido, lo que ha generado un estado de emergencia en la zona. Además, estas fuentes de agua son esenciales para otras comunidades cercanas como Palestina, Sachapapa, Belén, Nueva Cajamarca, Atahualpa, Nazareth y 70. Este es el tercer incidente de derrame en el año, ya que previamente, en febrero, se registraron otros dos derrames en puntos cercanos del oleoducto.
Los propios comuneros tomaron acciones inmediatas, instalando una barrera provisional para contener el crudo. Petroperú, al ser informada del derrame, también implementó medidas de contención, como la instalación de una grapa empernada sobre la tubería. Sin embargo, las comunidades locales señalan que existe un alto riesgo de que el petróleo llegue al río Marañón, afectando a más familias en la región.
Las autoridades locales y las organizaciones de base, como CORPI San Lorenzo, exigen respuestas rápidas y efectivas de Petroperú. Además, se solicita al gobierno de Dina Boluarte la declaratoria de emergencia en la zona, con el fin de garantizar la atención inmediata de las necesidades básicas de las familias afectadas, como agua potable y alimentos.
El llamado a la acción también apunta a una remediación integral que contemple tanto la reparación del daño ambiental como la atención humanitaria urgente. La comunidad ha bloqueado un tramo de la carretera en protesta, demandando que las autoridades y Petroperú se sienten a dialogar y encontrar soluciones efectivas.
Hasta el momento, las familias afectadas no han recibido la atención adecuada, y la situación sigue siendo crítica. La empresa Petroperú, por su parte, se ha comprometido a colaborar con las autoridades competentes, como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Osinergmin y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), para investigar y sancionar a los responsables del derrame.
