Especialistas advierten que, pese a las nuevas medidas del Gobierno para rastrear a delincuentes mediante un banco de voces, la falta de personal, tecnología e inteligencia operativa impide resultados efectivos.
En medio del aumento de casos de extorsión en todo el país, el Gobierno Peruano, publicó el Decreto Supremo N.º 009-2025, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1611, con nuevas medidas para prevenir e investigar este delito, donde a través de banco de voces se podrá identificar a delincuentes por sus llamadas y de ese modo poder rastrearlos, lograr su intervención y prisión.
Al respecto, el especialista en asuntos político, Cristian Palomino, enfatizó que los papeles no bastas para lograr combatir y frenar la ola de delincuencia y sicariato que en la actualidad se ha convertido en una especie de “pan de cada día”. Señaló además que, pese a los decretos y estados d emergencia que se han ido implementando a lo largo de estos meses, las comisarías en la actualidad en mucho de los casos ni siquiera cuentan con personal ni equipos tecnológicos, mucho menos con áreas de inteligencia para lograr identificar rápidamente a los extorsionadores, “podemos tener la mejor ley, pero si no hay recursos ni policías capacitados, seguirá siendo letra muerta”, advirtió.
En la misma línea, ejemplifico sobre la debilidad de la inteligencia policial, que, a dos años de estar prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, cabeza del partido político Perú Libre, no ha sido capturado pese a que tiene una actividad participación partidaria y política.
A ello se sima que el reglamento indica que se aplicará sin presupuesto adicional, lo que genera mayores limitaciones por parte de todos los actores involucrados en la desarticulación de bandas criminales, lo que genera dudas sobre su efectividad, “la delincuencia va varios pasos adelante. Sin inversión en tecnología ni unidades especializadas, no habrá resultados”, recalcó.
