La institución alertó sobre la falta de accesibilidad en espacios públicos, discriminación laboral y educativa, y exhortó a las autoridades a cumplir con las normas de inclusión y sensibilizar a la población.
La comisionada de la Defensoría del Pueblo en Puno, Rocío Apaza, señaló que persisten denuncias de vulneración de derechos hacia personas con discapacidad, principalmente en el ámbito laboral, educativo y en el acceso a la infraestructura pública. Indicó que muchas instituciones desconocen la obligación de aplicar ajustes razonables en el trabajo o la educación, lo que genera discriminación.
Explicó que durante este año se han recibido quejas relacionadas con la falta de accesibilidad en calles y edificios públicos, así como por el incumplimiento del pase libre en el transporte urbano. Además, destacó que la educación inclusiva sigue siendo un reto, pues varios docentes no cuentan con capacitación para atender a estudiantes con necesidades especiales.
La representante defensorial exhortó a las municipalidades a cumplir con las normas técnicas de accesibilidad y a la población a denunciar casos de trato diferenciado o discriminación, “como sociedad aún nos falta sensibilidad e información sobre la discapacidad, que puede ser visible o no visible”, afirmó.
Finalmente, informó que la Defensoría del Pueblo viene coordinando con instituciones públicas y privadas para promover campañas de sensibilización y capacitaciones sobre los derechos de las personas con discapacidad.
