En la pregunta del día, oyentes califican de indiferente y represivo al gobierno interino de José Jerí frente a víctimas de Juliaca.
Integrantes de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca denunciaron presuntas detenciones arbitrarias y hostigamiento por parte de la Policía Nacional del Perú durante su desplazamiento hacia Lima, donde tienen previsto participar en la denominada “marcha de sacrificio” y realizar actividades de protesta este 28 de enero. Las acciones de protesta responden, principalmente, al descontento por decisiones adoptadas desde el Poder Judicial y el Ministerio Público, como la desactivación del equipo especial que investigaba las muertes ocurridas durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte.
En ese contexto, oyentes de Radio Onda Azul preguntó: ¿Cómo evalúa la posición del gobierno interino respecto a los familiares de las víctimas caídas en las protestas sociales contra Dina Boluarte? Las opiniones coincidieron en señalar una falta de interés y sensibilidad por parte del Ejecutivo, así como una ausencia de respaldo de las instituciones del Estado. Consideraron repudiable que se perciba a los deudos y víctimas como una amenaza y denunciaron que, en lugar de promover el diálogo y la unidad, se estaría optando por la confrontación y el silenciamiento de las demandas de justicia, lo que habría dejado un precedente negativo en la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Asimismo, los comentarios reflejaron una profunda decepción ante la lejanía de la justicia y la falta de avances en las investigaciones, pese a los años transcurridos desde los hechos de Juliaca. Se cuestionaron las constantes trabas fiscales, los cambios de responsables del caso y el traslado de las carpetas a Lima, lo que habría debilitado el proceso. Frente a este panorama, los oyentes expresaron que la única vía que perciben para generar cambios es la participación ciudadana y electoral, así como el fortalecimiento de la organización social, especialmente entre los jóvenes, para evitar que estos hechos queden en la impunidad.
Por su parte, Raúl Samillan Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, señaló que el hostigamiento inició en Arequipa en donde le solicitaron la identificación a cada uno de los integrantes de la marcha, no hubo detenidos, sin embargo, temen que estas acciones por parte de la PNP se agraven con el pasar de los días.
Así mismo, señaló que no buscarán dialogo con el presidente interino José Jerí, ya que como presidente de la sub comisión de acusaciones constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional contra Dina Boluarte, Alberto Otarola y los altos mandos que ordenaron la masacre en Juliaca.
