Organizaciones de derechos humanos califican la norma como un retroceso en libertades fundamentales
La reciente promulgación de la ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por parte de la presidenta Dina Boluarte, ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones de la sociedad civil. “Esta ley representa un claro retroceso en la defensa de los derechos fundamentales”, dijo José Bayardo, director de la asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA).
“Esta medida no es más que un intento por silenciar a quienes denunciamos violaciones de derechos humanos y corrupción”, mencionó, y añadió que desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2022, diversas instituciones y colectivos han documentado numerosos casos de abuso de poder, especialmente durante las protestas sociales en regiones como Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.
“Solo en Juliaca, el 9 de enero de 2023, murieron más de veinte personas, entre ellas menores de edad y ciudadanos que ni siquiera participaban en las movilizaciones”, recordó. Asimismo, refirió que uno de los puntos más polémicos de la nueva norma es que limita la participación de las ONG en procesos judiciales o administrativos contra el Estado.
De la misma manera, para organizaciones como DHUMA, esto implica dejar sin defensa legal a cientos de víctimas que actualmente reciben asesoría gratuita, muchas de ellas provenientes de comunidades vulnerables que no pueden costear abogados particulares. “En regiones como Puno, nuestras organizaciones son el único respaldo legal que tienen las familias afectadas por la violencia estatal. Esta ley busca despojarlas de ese derecho”, indicó.
Además, criticó el discurso oficial de Dina Boluarte, que acusa a estas entidades de desestabilizar al país o promover el odio. “Si denunciar masacres y exigir justicia es desestabilizar, entonces estamos orgullosos de estar del lado correcto. Nosotros no sembramos odio, defendemos derechos”, afirmó, e indicó que se están preparando acciones legales contra la norma por considerarla inconstitucional al vulnerar derechos fundamentales como la libertad de asociación y el acceso a la justicia.
