Alertas nacionales se reactivan ante el avance del oro ilegal y el creciente riesgo de lavado de activos en el país, la región de Puno dentro del mapa crítico.
La minería ilegal en el Perú ya desbordó cualquier capacidad estatal: más de 22 mil millones de dólares movidos en operaciones sospechosas durante la última década, según la UIF. Los más de 5,700 reportes no dejan dudas: el oro ilegal sigue entrando al sistema financiero con documentos impecables, mientras el dinero circula en efectivo, bienes y empresas fachada que sostienen una maquinaria de blanqueo cada vez más afianzada.
En el mapa crítico, Puno destaca con un caso que encendió todas las alarmas: la Fiscalía inmovilizó una barra de 5.46 kilos de oro, valorizada en más de medio millón de dólares, que tenía como destino final la India. El metal, intervenido en Putina, forma parte de una investigación por minería ilegal y lavado de activos, confirmada por el Ministerio Público. El episodio evidencia cómo el oro extraído sin autorización logra insertarse en circuitos de exportación internacional.
La SBS ha advertido que el lavado vinculado a delitos ambientales crece a un ritmo preocupante. El obstáculo central es la llamada “legalización documental”: oro ilegal que logra salir del país con guías y certificados que aparentan cumplir todas las normas. Para la UIF, este mecanismo es el que neutraliza el rastreo del origen real del metal y permite que el oro contaminado de ilegalidad se mezcle sin fricciones con las exportaciones formales.
Las cifras revelan un escenario contundente. El Perú no solo enfrenta mineros ilegales, sino una red que ha encontrado grietas para mover millones más rápido de lo que el Estado puede fiscalizar. Con lingotes que llegan a puertos con destino a Asia y operaciones por miles de millones circulando como si fueran legales, el país queda expuesto a una verdad cruda: el lavado de oro ya opera a escala global, y Puno es hoy una pieza clave en esa ruta.
