La Fiscal Suprema acusa a la titular del Ministerio Público de prevaricato y abuso de autoridad por desacato a la Junta Nacional de Justicia
La Fiscal Suprema Patricia Benavides Vargas ha interpuesto una nueva denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. En el documento presentado, Benavides acusa a Espinoza de incurrir en los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad por su negativa a acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordenaba la reincorporación de Benavides como Fiscal Suprema titular.
Según la denuncia, Espinoza habría desobedecido la resolución emitida por la JNJ, que solicitaba la restitución inmediata de Benavides al cargo, así como los reiterados apercibimientos y pedidos formales para que cumpliera con la orden de reincorporación.
El escrito subraya que, aunque finalmente Espinoza formalizó el retorno de Benavides mediante una resolución administrativa, la decisión fue tomada en términos que la defensa de la Fiscal Suprema considera denigrantes. La resolución, de acuerdo con la denuncia, no solo omite una fundamentación jurídica sólida, sino que incluye revelaciones personales sobre las acciones legales tomadas por Benavides, lo cual se interpreta como un intento de desprestigiarla.
“Se advierte que la denunciada, de modo sui generis, y lejos de precisar las razones jurídicas y fácticas que permiten ordenar o asignar el Despacho Fiscal respectivo de mi patrocinada, incurre en hacer una revelación de índole personal, con claro ánimo denigrante”, señala el texto presentado ante el Congreso.
Con la denuncia formalizada, ahora será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso quien evaluará si procede el trámite legislativo para iniciar un proceso contra Espinoza. Si la denuncia es admitida, podría desencadenar un juicio político y la inhabilitación de Espinoza por hasta diez años.
Una denuncia reciente con similares acusaciones
Cabe recordar que esta denuncia se presenta apenas dos semanas después de la interposición de otra acusación constitucional contra Delia Espinoza, en la que se le imputaban infracciones a la Constitución, así como los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y omisión de actos funcionales. En esa ocasión, Benavides también solicitó que se tramiten procedimientos de antejuicio y juicio político, con la posibilidad de que Espinoza sea inhabilitada para ejercer funciones públicas durante una década.
Conflictos de intereses y llamado a una investigación independiente
En la misma línea, Benavides ha solicitado que, en caso de que avance la acusación penal, la investigación sea realizada por una Fiscalía Suprema independiente, debido a los posibles conflictos de intereses. La Fiscal Suprema considera que no corresponde que Espinoza sea investigada por sí misma ni por fiscales supremos nombrados por ella, lo que podría poner en duda la imparcialidad del proceso.
Con esta nueva denuncia, la confrontación entre ambas fiscales continúa, abriendo interrogantes sobre la administración de justicia y la independencia de las instituciones clave del sistema judicial peruano.
