Designación genera polémica por vínculos con investigaciones abiertas y el cruce de intereses dentro del Ministerio Público
En un nuevo capítulo de reacomodos dentro del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, designó a Patricia Benavides Vargas como titular de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, en reemplazo de Zoraida Ávalos. Esta última pasará a dirigir la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, según consta en la resolución N.° 2433-2025-MP-FN.
La medida se produce solo un día después de que la Junta de Fiscales Supremos decidiera no nombrar a Benavides como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), generando cuestionamientos sobre el trasfondo de esta nueva asignación.
Una rotación polémica
De acuerdo con fuentes fiscales, el cambio de funciones se habría hecho para evitar designar a Benavides en fiscalías donde se investigan procesos en su contra. Cabe recordar que la Primera Fiscalía Suprema Anticorrupción actualmente vacante registra siete procesos que involucran directamente a Benavides, varios de ellos relacionados al caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Por su parte, la Segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción, ahora bajo control de Zoraida Ávalos, alberga cinco investigaciones adicionales contra la exfiscal de la Nación.
El documento oficial señala que el cambio busca “mejorar la persecución penal y agilizar el trabajo del Ministerio Público”, aunque críticos señalan que esta maniobra puede interpretarse como un intento de reposicionar a Benavides en una posición estratégica, lejos de los despachos que la investigan.
Nuevas investigaciones a cargo
Con esta designación, Patricia Benavides asume el proceso contra el presidente del Congreso, José Jerí, por desobediencia a la autoridad, al no acatar una orden judicial que le exigía someterse a tratamiento psicológico. La investigación por presunto abuso sexual en su contra fue archivada, pero esta nueva acusación sigue su curso.
La paradoja está servida: hasta hace poco, el caso era investigado por Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada en 2023 por el Congreso con el voto de Jerí. Aquel proceso fue calificado por varios sectores como politizado, y hoy la misma investigación cae en manos de una fiscal también cuestionada, sobre quien pesan graves denuncias.
Según el abogado penalista Joel Córdova, “el archivo del caso por abuso sexual no tiene efecto sobre la denuncia por desobediencia”, que continuará de manera autónoma.
