La ley que penaliza en Singapur la difusión de noticias falsas a través de Internet con penas de hasta diez años de cárcel comenzó a ser efectiva este miércoles, a pesar de la oposición de grupos garantes de la libertad de expresión.
La nueva normativa, aprobada en mayo por el Parlamento singapurense, permite al gobierno exigir correcciones, eliminar contenidos o censurar portales sin necesidad de una orden judicial, entre otros poderes.
El boletín oficial de la ciudad-estado, que anunció anoche la aplicación de la legislación a partir de hoy, añade el establecimiento de una excepción temporal para que algunas empresas tecnológicas cumplan con los nuevos requisitos, sin precisar el periodo.
El Ejecutivo defiende que la norma tiene como objetivo evitar que contenidos falsos se hagan virales y causen un daño incalculable, y asegura que no atañe a opiniones, críticas, sátiras o parodias.
Aunque grupos en favor de los derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch apuntan a que la medida podría ser utilizada por las autoridades para acallar cualquier atisbo de crítica, en uno de los países con bajo índice en libertad de expresión.
La ley deja al gobierno la decisión sobre qué información es catalogada como «falsa» de acuerdo a dos criterios: cuando difunda una declaración o comunicado falso; y cuando esta acción se considere de interés público.
Los casos más flagrantes de la infracción de la ley podrán ser penados con hasta diez años de prisión y multas de hasta un millón de dólares singapurenses (721.500 dólares estadounidenses o 660.000 euros).
Singapur, uno de los países más prósperos del mundo, ejerce un férreo control sobre los medios de comunicación y se sitúa en el puesto 151 de 180 en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, por debajo de países como Venezuela, Rusia o Afganistán.
