El periodista cuestionó que la norma, al sancionar a funcionarios que filtren datos, podría desalentar fuentes y entrar en conflicto con criterios del Tribunal Constitucional sobre la protección de la reserva periodística
El periodista Paolo Benza cuestionó el reciente decreto legislativo emitido por el Gobierno que incorpora al Código Penal el delito de divulgación de información reservada, señalando que, si bien la norma no criminaliza directamente a los periodistas, sí podría dificultar su trabajo al generar temor en los funcionarios públicos que actúan como fuentes.
Durante una entrevista a Radio Onda Azul, explicó que la disposición establece sanciones para los funcionarios que filtren información, lo que según su interpretación coloca “una espada sobre la cabeza” de quienes colaboran con la prensa para revelar irregularidades dentro de entidades estatales.
Sostuvo que muchas fuentes periodísticas son trabajadores públicos honestos que buscan exponer actos de corrupción, por lo que advirtió que la medida podría afectar la transparencia institucional, “no se está bloqueando absolutamente la labor periodística, pero sí se le pone un ancla”, afirmó.
Respecto al plano constitucional, recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido en reiteradas sentencias que la reserva de la fuente periodística es un derecho protegido de forma especial, por lo que consideró que el decreto podría entrar en conflicto con ese principio.
Finalmente, indicó que diversos sectores del periodismo vienen utilizando espacios públicos y mediáticos para expresar su rechazo a la disposición, enfatizando que el debate debe centrarse en la defensa de la transparencia y el acceso a la información.
