El Ciadi elevó la indemnización por la cancelación del Gasoducto Sur Peruano, uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del país
El Estado peruano deberá indemnizar con aproximadamente 302 millones de dólares a la empresa española Enagás, tras un nuevo fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial. El monto incluye principal, intereses y costas, y responde a la cancelación unilateral del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP) en 2017.
Este fallo se produce luego de que Enagás solicitara la revisión del laudo emitido en diciembre pasado, cuando el Ciadi ya había determinado una compensación de casi 200 millones de dólares. La compañía argumentó que el monto original no reflejaba adecuadamente los daños económicos causados por la rescisión del proyecto, y el tribunal arbitral aceptó su solicitud, aumentando la indemnización en más de 100 millones de dólares.
El GSP, un megaproyecto energético valorizado en casi 7.000 millones de dólares, fue adjudicado en 2014 a un consorcio conformado por Odebrecht (50%), Graña y Montero (25%) y Enagás (25%). Sin embargo, tras los escándalos de corrupción vinculados al caso Odebrecht, el gobierno peruano decidió cancelar la concesión, afectando también a Enagás, que no fue implicada en actos ilícitos.
Enagás ha celebrado la decisión del Ciadi como una «buenísima noticia», y ha manifestado su disposición a alcanzar un acuerdo amistoso con el Estado peruano que facilite la ejecución del laudo. Por ahora, el Gobierno peruano no ha emitido una posición oficial respecto al fallo ni ha confirmado si acatará el pago voluntario o presentará alguna objeción legal.
Además del fallo indemnizatorio, el tribunal reconoció el derecho de Enagás a repatriar los dividendos de sus filiales en Perú, como Transportadora de Gas del Perú (TGP), los cuales estaban retenidos por el Estado desde hace años.
Este laudo representa un golpe económico y político para el Estado peruano, que aún enfrenta repercusiones judiciales y financieras derivadas de decisiones tomadas durante el estallido del escándalo Odebrecht.
