Especialista advierte que decisiones políticas ponen en riesgo el futuro del Gasoducto Sur Peruano y agravan el impacto económico de su cancelación.
Durante una entrevista con Radio Onda Azul, el director del Instituto del Gas en la región Cusco, José Ernesto Bengoa Morales, expresó su preocupación ante los recientes anuncios políticos relacionados con el desarrollo del gas en el sur del país. En especial, cuestionó la viabilidad técnica de las propuestas del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien prometió instalar plantas de regasificación en cada provincia del Cusco en un plazo de seis meses.
Calificó este anuncio como “político y sin sustento técnico”, lo cual, según él, genera más dudas que certezas. «Cómo es posible que se prometa hacer en seis meses lo que no se pudo concretar en más de 20 años«, señaló, al tiempo que lamentó que no se haya presentado ningún respaldo técnico que sustente tal iniciativa.
Advirtió que los recientes movimientos políticos podrían marcar el fin definitivo del Gasoducto Sur Peruano, en favor de un modelo basado únicamente en gas virtual a través de nodos energéticos en Ilo y Yendo. Esta situación, explicó, tendría consecuencias limitantes y generaría un escenario de resistencia por parte de la Macrorregión Sur, que aún apuesta por el desarrollo del ducto físico.
“Estamos enfrentando un giro preocupante, no sólo se minimiza un proyecto estratégico, sino que además se expone al Estado a un nuevo golpe financiero”, indicó al tiempo de referirse sobre el reciente fallo del tribunal del Banco Mundial que obliga al Perú a pagar 300 millones de dólares a la empresa española Enagás. Este monto se suma a los más de 2,000 millones ya considerados como “costos hundidos” tras la cancelación unilateral del contrato en 2017.
Frente a la falta de voluntad política por parte del gobierno central, evidenciada en declaraciones del actual ministro de Energía y Minas que da por cerrado el proyecto del Gasoducto, Bengoa propuso buscar alternativas. Entre ellas, planteó un «corte administrativo legal y económico«, que permita continuar con el desarrollo del proyecto mientras se resuelven los arbitrajes internacionales.
