Presidenta Boluarte afirma que “no somos colonia de nadie” y Cancillería conforma grupo de trabajo para analizar posible retiro del país del sistema interamericano de derechos humanos
La relación del Perú con el sistema interamericano de derechos humanos atraviesa uno de sus momentos más tensos. La presidenta Dina Boluarte rechazó de forma contundente el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que instó al Ejecutivo a no promulgar una nueva ley de amnistía en favor de procesados por violaciones a los derechos humanos.
“No somos colonia de nadie”, declaró Boluarte, quien aseguró que dicha ley busca hacer justicia con miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que enfrentaron al terrorismo. Sus palabras marcaron el inicio de una ofensiva gubernamental contra el tribunal internacional.
Tras el pronunciamiento presidencial, el canciller Elmer Schialer anunció la formación de un grupo de trabajo multisectorial que evaluará una eventual denuncia del Pacto de San José, lo que significaría el retiro de Perú de la competencia de la Corte IDH. “Estamos trabajando a marcha forzada para constituir esta comisión. Participarán Justicia, Cancillería y también actores sociales, civiles y académicos”, precisó Schialer.
El canciller también indicó que no se tomará una decisión unilateral, sino que se escucharán diversas voces y posturas jurídicas. No obstante, el tema ya se encontraba en agenda desde 2024, cuando el premier Eduardo Arana lo mencionó durante su presentación ante el Congreso.
Pese a su relevancia, la presidenta evitó referirse al asunto durante su reciente mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, lo que generó críticas de expertos como el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien consideró que ese anuncio debió incluirse en el discurso presidencial.
Ministros respaldan la medida
El Ejecutivo cerró filas en torno a la propuesta. El ministro del Interior, Carlos Malaver, afirmó que “la Corte IDH no nos puede marcar la pauta”, y defendió la ley de amnistía como una forma de reparar la “persecución excesiva” sufrida por los efectivos que enfrentaron al terrorismo.
Por su parte, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, subrayó que la soberanía del Perú debe ser respetada. “Nosotros formamos parte de la Corte IDH, pero tiene que respetar nuestra libertad y autonomía”, declaró a un medio de comunicación nacional.
La tensión entre el Gobierno peruano y la Corte IDH se intensifica en un contexto político delicado, donde las decisiones sobre justicia transicional podrían tener repercusiones tanto internas como internacionales.
