El canciller Hugo de Zela expone en Washington la postura peruana para corregir la aplicación de la Convención de Caracas de 1954 y defender que el asilo diplomático proteja solo a perseguidos políticos.
El canciller Hugo de Zela viajó a Washington D. C. para sustentar ante el Consejo Permanente de la OEA la posición peruana respecto al uso del asilo diplomático, en el marco del pedido de salvoconducto solicitado por México para la exprimera ministra Betssy Chávez, condenada a 11 años de prisión por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Según informó la Cancillería, el objetivo es “defender la esencia” del asilo diplomático y exponer por qué el Perú considera que la Convención de Caracas de 1954 se está aplicando de manera incorrecta.
De Zela sostiene que dicha convención fue creada para proteger a perseguidos políticos, pero que recientemente se ha utilizado para amparar a políticos acusados de delitos comunes. El ministro enfatizó que su presentación ante la OEA busca proteger la figura del asilo diplomático y promover que su uso se limite a los fines para los que originalmente fue concebido. Asimismo, precisó que la sentencia contra Betssy Chávez no modifica su situación actual como solicitante de asilo en la Embajada de México.
El canciller explicó que el Perú ha iniciado consultas entre los Estados miembros de la OEA con el propósito de esclarecer la aplicación de la Convención de Caracas antes de definir la entrega del salvoconducto. Añadió que la propuesta peruana apunta a corregir la interpretación de la convención para que retome su carácter original de protección frente a la persecución política. Con ello, el Gobierno peruano busca generar un consenso regional que permita “hacer lo correcto” y garantizar un uso adecuado del asilo diplomático.
