El director del Instituto del Gas del Cusco criticó la ausencia de una política energética sólida y advirtió que la falta de infraestructura impide aprovechar los yacimientos del sur del país, condenando a la región a una masificación limitada.
Aunque la región lidera la formalización minera en el país, el 75% de las empresas aún están en proceso de registro, expertos proponen una estrategia basada en datos georreferenciados y mayor control estatal para frenar la expansión de la minería ilegal.
El especialista en pequeña minería y minería artesanal, Franco Arista, advirtió que, en la región de Puno, una de las regiones con mayor número de empresas dedicadas a la actividad minera del país, la línea entre la minería informal e ilegal sigue siendo muy delgada y poco controlada por el Estado.
“Hay más de 6 mil empresas registradas, de las cuales el 75% están en proceso de formalización”, explicó, mencionando además que la región lidera la formalización minera en el Perú pero que, pese a este importante avance, la falta de control estatal en zonas alejadas facilita la expansión de economías ilegales y la contaminación de las cuencas que desembocan en el lago Titicaca, por lo que propuso una estrategia basada en datos georreferenciados para conocer cuántos mineros existen, dónde operan y qué necesidades tienen, como base para políticas efectivas.
Asimismo, el también representante de la empresa canadiense Beta Dorada señaló que la trazabilidad del oro es clave para frenar la minería ilegal, pues en el país se exporta más oro del que se produce, por lo que remarco que la formalización no debe quedarse solo en el cumplimiento de documentos, sino incluir acompañamiento técnico, ambiental y de gestión empresarial para mantener a los mineros dentro de la legalidad.
Finalmente, Arista subrayó que la minería artesanal puede convertirse en una oportunidad de desarrollo sostenible, siempre que se cumplan estándares ambientales y sociales y exista una verdadera presencia del Estado en el territorio.
