Diferentes delegaciones del país, entre comunidades quechuas y aymaras de la región de Puno, van con rumbo a Lima
El artículo 2, numeral 12 de la Constitución Política del Perú, así como el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen que toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente, por tanto, protestar no es un delito, es un derecho.
Por ende, diferentes delegaciones del país, entre ellos de comunidades campesinas quechuas y aymaras de las 13 provincias de la región de Puno, van con rumbo a la ciudad de Lima para protestar pacíficamente. Uno de sus pedidos es la renuncia de la presidente Dina Boluarte, elección de una mesa directiva del Congreso, para la sucesión del presidente de la República y adelanto de elecciones.
Al respecto la profesora Cesaria Luna, luchadora social, manifestó que es necesario participación del pueblo por la defensa de derechos, desarrollo con reducción de brechas. Por ello emplazó a las autoridades de Lima para que recepcionen a los manifestantes que viajan a la capital. Sostiene que, mediante un diálogo se puede solucionar el petitorio.
Lamentó que manifestantes de Apurímac hayan sido retenidos en Pisco, por efectivos de la Policía Nacional del Perú; por ende, pidió a la institución de la Policía respetar el derecho fundamental de la protesta.
A los manifestantes les pidió cuidar el derecho de libre tránsito, y no amedrentar los bienes públicos y privados, ya que todo acto de violencia es perjudicial para mantener el diálogo.
