Piden vacancia del presidente de la JNJ por condena por violencia familiar


Congreso solicitan vacancia de Gino Ríos como presidente de la JNJ
Congreso solicitan vacancia de Gino Ríos como presidente de la JNJ

Congresistas Susel Paredes y Héctor Acuña solicitan la salida de Gino Ríos, cuestionan su elección pese a sentencia firme, y exigen investigar a autoridades responsables del proceso de selección.

Los congresistas Susel Paredes y Héctor Acuña presentaron un oficio dirigido a la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, solicitando la vacancia del actual presidente de la institución, Gino Ríos Patio, quien cuenta con una sentencia firme por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico contra su exesposa. Según los legisladores, dicha sentencia incurre en una causal de vacancia según los artículos 11, 13 y 18 de la Ley Orgánica de la JNJ, que prohíben ejercer cargos en esta entidad a personas condenadas por delitos dolosos o violencia familiar.

Como sustento, se citó el caso del exmiembro Rafael Ruiz Hidalgo, quien fue vacado bajo criterios similares. La solicitud busca salvaguardar la institucionalidad de la JNJ, entidad clave en el sistema de justicia, al considerar inaceptable que una persona con antecedentes de violencia presida el organismo encargado de nombrar y evaluar a jueces y fiscales. Además, se cuestionó la responsabilidad de quienes participaron en el proceso de selección de Ríos, a pesar de sus antecedentes judiciales.

En esa línea, la abogada de IDL, Cruz Silva, señaló que no basta con la vacancia y exhortó al Congreso a investigar a los responsables del proceso de selección, entre ellos al expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Ambos habrían tenido conocimiento de los antecedentes de Ríos y aun así permitieron su elección. Silva también rechazó las declaraciones de Gutiérrez, quien calificó la condena como un “tema familiar”, y el decano del CAL, Raúl Canelo, calificó de negligente la actuación de la comisión evaluadora, advirtiendo una grave falta de transparencia y ética en el manejo de la función pública.