La Tercera Sala Constitucional de Lima cuestionó a la jueza Osorio Sosa por no evaluar los derechos fundamentales alegados por Benavides y recordó que decisiones de la JNJ pueden ser revisadas si carecen de motivación o audiencia previa
El Poder Judicial anuló la resolución que había declarado improcedente la demanda de amparo presentada por Patricia Benavides, quien busca ser repuesta en sus cargos como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación. La decisión fue tomada por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que acogió el recurso de apelación de Benavides y ordenó a la jueza Ana Osorio Sosa emitir un nuevo pronunciamiento sobre el caso.
La exfiscal de la Nación interpuso la demanda contra la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que el 23 de mayo de 2024 dispuso su destitución por haber cometido una falta disciplinaria muy grave. Entre las acusaciones figuran interferencia en una investigación contra su hermana, Enma Benavides, y el trato degradante a la fiscal adjunta Bersabeth Revilla, a quien reemplazó con Miguel Ángel Vegas Vaccaro, pese a las sanciones disciplinarias de este último.
La jueza Osorio Sosa desestimó inicialmente la demanda en diciembre de 2024, al considerar que la nulidad de una sanción administrativa debía ser resuelta mediante un proceso contencioso-administrativo, y no por la vía del amparo, que es de carácter excepcional y residual. También argumentó que ya no existía urgencia en restituir a Benavides como fiscal de la Nación, puesto que ese cargo fue asumido por Delia Espinoza en octubre de 2024.
Sin embargo, la Sala Constitucional cuestionó esta decisión, señalando que la magistrada omitió analizar las supuestas vulneraciones a derechos fundamentales alegadas por la demandante. Además, recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido que las resoluciones de la JNJ pueden ser revisadas si fueron emitidas sin motivación adecuada o sin audiencia previa al afectado.
El tribunal superior también observó incoherencias en la parte argumentativa de la sentencia original, las cuales afectan su validez. Por ello, ordenó que el Décimo Juzgado Constitucional de Lima emita un nuevo pronunciamiento considerando lo señalado en su resolución del 8 de abril.
Benavides solicita no solo su reposición, sino también el reconocimiento de las remuneraciones dejadas de percibir desde su destitución. El caso seguirá su curso en el Poder Judicial mientras continúa el debate sobre la legalidad y motivación de su salida del Ministerio Público.
Fuente: Rpp
